Podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas entidades de ámbito estatal con personalidad jurídica propia que estén válidamente constituidas en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda que pertenezcan a las entidades del Tercer Sector de Acción Social y estar legalmente constituidas como entidades de ámbito estatal.

Disponer de solvencia económica y financiera suficiente para garantizar la ejecución de las actuaciones previstas en la solicitud. Este criterio se traduce en que la cuantía solicitada para el desarrollo del proyecto no podrá ser superior a la totalidad de los ingresos percibidos por la entidad el año inmediatamente anterior a la convocatoria.

No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades del Tercer Sector de Acción Social los organismos o entidades públicas adscritos o vinculados a una Administración Pública, las universidades, los partidos políticos, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindicatos, y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.

1. Los proyectos serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:

• a) Pertinencia del tema del proyecto, con un máximo de 15 puntos.
• b)  Diseño global del proyecto, con un máximo de 55 puntos.
• c) Impacto, sostenibilidad y transferencia con un máximo de 30 puntos.

2. En caso de empate entre dos o más proyectos, el orden de prelación se establecerá priorizando aquellos que hubieran obtenido mayor puntuación en la suma correspondiente a los criterios 2) (diseño global del proyecto), seguidos de la suma de los criterios 3) (impacto, sostenibilidad y transferencia) y, finalmente, aquellos que hayan obtenido una mayor puntuación en los criterios 1) (Pertinencia del tema del proyecto).

3. A fin de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, el órgano instructor podrá requerir a las entidades solicitantes la ampliación de la información contenida en la memoria. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, podrá solicitar informes previos a los centros directivos y organismos de la Administración General del Estado que resulten.